Por Marcelo Mora, CEO de IDOK.
La digitalización de las empresas es tal que muchos de los servicios y productos que necesitan documentos firmados ante notarios, ya se pueden realizar a través de Firma Electrónica Avanzada desde hace unos años. Y si bien las empresas han incorporado esta herramienta, una de las preguntas más comunes por parte de los departamentos legales se refiere a si los documentos digitales firmados electrónicamente son válidos y pueden ser utilizados en procesos judiciales, por ejemplo en el campo laboral.
En 2002, la Ley 19.799 regula documentos electrónicos, efectos legales y la utilización en ellos de firma electrónica. El Art 3 de dicha ley estipula que los documentos firmados electrónicamente tienen la misma validez que aquellos actos y contratos soportados en papel, además en el art 5 se estipula que los documentos electrónicos firmados firma electrónica avanzada constituirán plena prueba en caso de juicio.
La Ley 20.217 de 2007, modifico el código de procedimiento civil e incorporó entre otros cambios el número 6 del artículo 342 de dicho Código dispone que serán considerados como como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter.
Por lo tanto, la Firma Electrónica Avanzada tiene igual validez y se le reconocen los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita ante notario y es admitida como prueba en juicio. La Firma Electrónica Avanzada descarta totalmente los casos de impugnación y desconocimiento, puesto que la firma está certificada por un ente certificador que acredita su identidad. Al firmar un documento, queda encriptado, así que no puede modificarse. A la vez contiene trazabilidad, que es pública, y se puede identificar al autor, ya sea un PDF u otro documento como la factura electrónica.
Por último, cabe destacar que la Firma Electrónica la usa desde el Presidente de la República y el Poder Judicial hacia abajo. Es una herramienta más que probada para garantizar que es legal, segura y que tiene certeza jurídica.
