Cada vez que una persona realiza una transferencia bancaria, firma un documento, revisa una ficha clínica o completa un trámite en línea, existe una condición fundamental para que esa interacción sea confiable. El sistema debe comprobar quién está al otro lado de la pantalla y si realmente cuenta con autorización para realizar esa acción. Aunque muchas veces pasa inadvertida, esta verificación se ha convertido en uno de los pilares de nuestra vida digital.
Durante años, la identidad en línea se validó principalmente mediante usuarios, contraseñas y, en algunos casos, una segunda verificación. Sin embargo, el crecimiento de los servicios digitales, el intercambio de información entre plataformas y la posibilidad de realizar operaciones cada vez más sensibles a distancia han vuelto insuficientes estos mecanismos tradicionales. Hoy, identificar correctamente a una persona es esencial para proteger su información y fortalecer la confianza en los sistemas que utiliza.
Chile cuenta con una base importante sobre la cual avanzar. Según el Portal de Datos de Gobierno Digital, al 11 de octubre de 2026 se registraban más de 16,4 millones de Claves Únicas activadas y 449 instituciones integradas. Estas cifras reflejan la expansión de los mecanismos de identidad digital y, al mismo tiempo, evidencian la responsabilidad de garantizar que funcionen de manera segura y continua.
Esta discusión adquiere especial relevancia frente al aumento de las amenazas cibernéticas. Accenture, empresa socia de ACTI, reportó en 2026 que el 87% de las organizaciones considera que las interrupciones cibernéticas ya forman parte de su realidad operativa recurrente. A ello se suma la sofisticación de los intentos de suplantación de identidad, donde el phishing, la ingeniería social y el uso de Inteligencia Artificial para imitar voces o imágenes están ampliando los riesgos asociados al acceso indebido a información y servicios.
Autenticación e interoperabilidad
Frente a este escenario, necesitamos mecanismos de autenticación que respondan al riesgo de cada operación. Descargar un certificado no requiere necesariamente las mismas exigencias que modificar datos bancarios o autorizar una transferencia de alto monto. La combinación de segundos factores, biometría y validación de dispositivos permite elevar los niveles de seguridad cuando las circunstancias lo requieren, manteniendo procesos simples para las interacciones habituales. Este equilibrio es fundamental, considerando que los procedimientos excesivamente complejos pueden incentivar prácticas inseguras, como reutilizar contraseñas o almacenar credenciales de manera informal.
Otro desafío relevante es la fragmentación de los sistemas de identificación y autenticación. Actualmente, numerosas instituciones públicas y privadas utilizan mecanismos propios, lo que obliga a las personas a administrar múltiples cuentas y contraseñas, mientras las organizaciones enfrentan mayores costos de integración y nuevos puntos de vulnerabilidad. Desde ACTI creemos que avanzar hacia estándares comunes de interoperabilidad debe ser una prioridad, permitiendo que distintos sistemas reconozcan identidades y atributos bajo criterios compartidos de seguridad, privacidad y responsabilidad, sin concentrar necesariamente toda la información en una única plataforma.
Esta evolución también exige una mirada responsable sobre la protección de datos personales. Verificar una identidad no debería implicar recopilar información innecesaria, especialmente cuando existen mecanismos que permiten acreditar determinados atributos sin exponer otros antecedentes. Una arquitectura de identidad digital confiable debe incorporar estos principios desde su diseño y considerar las necesidades de quienes enfrentan barreras de conectividad o alfabetización digital.
El desafío de identificar a los agentes de IA
La expansión de la Inteligencia Artificial agrega una nueva dimensión a este desafío. Según el estudio “SONDA Tech Trends” 2026, elaborado por otra empresa socia del gremio, el 88% de las empresas chilenas ya tiene algún grado de interacción con Inteligencia Artificial, mientras que el 53% todavía opera únicamente con lineamientos generales para su utilización. Estos resultados muestran que la adopción tecnológica avanza a un ritmo que exige fortalecer los mecanismos de gobierno, supervisión y control.
Con el desarrollo de agentes de Inteligencia Artificial capaces de consultar información, ejecutar tareas e interactuar con otros sistemas, la gestión de identidades deberá ir más allá de verificar a las personas. También será necesario identificar qué aplicaciones o agentes actúan en su representación, qué permisos tienen y quién responde por sus acciones. La autenticación, la autorización y la trazabilidad deberán evolucionar conjuntamente para responder a un entorno donde las interacciones digitales serán cada vez más automatizadas.
Chile tiene la oportunidad de anticiparse a estos cambios mediante una colaboración más estrecha entre el sector público, las empresas tecnológicas y las organizaciones que utilizan estos servicios. Avanzar hacia estándares compartidos y sistemas interoperables permitirá reducir la fragmentación, fortalecer la protección de los datos y construir mecanismos de identificación más seguros y accesibles.
En una economía donde personas, empresas y sistemas automatizados interactúan a distancia, la identidad digital debe entenderse como una infraestructura esencial para la confianza. El desafío para Chile es construir un entorno donde cada interacción pueda realizarse con identidades verificables, permisos definidos y responsabilidades claras, resguardando la seguridad de las personas y permitiendo que la transformación digital continúe avanzando sobre bases confiables.
