El proyecto de ley que moderniza la Ley de Firma Electrónica fue respaldado por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI). La iniciativa, que actualmente analiza la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, busca reducir la presencialidad en diversos actos y contratos mediante el uso de firma electrónica avanzada.
Durante una sesión en la Cámara Baja, Rafael Pérez, presidente del Comité de Certificación Electrónica Acreditada del gremio, presentó la posición de las 12 empresas certificadoras acreditadas ante el Ministerio de Economía, destacando que Chile cuenta con una infraestructura tecnológica madura para implementar esta reforma.
Pérez expuso que durante 2025 se emitieron 4,4 millones de certificados de firma electrónica avanzada y la industria acumula más de dos décadas de operación bajo un sistema regulado y fiscalizado por el Estado.
El proyecto incorpora la posibilidad de emplear firma electrónica avanzada con sellado de tiempo en lugar de la autorización notarial de firmas en determinados instrumentos privados, excluyendo aquellos actos en que la legislación exige la intervención sustantiva de un notario, como las escrituras públicas y materias de derecho de familia.
Luz María García, gerenta general de ACTI, subrayó que “Chile dispone de una infraestructura de confianza digital robusta, segura y fiscalizada. Esta reforma permitirá aprovechar esas capacidades para simplificar trámites, reducir tiempos y costos para personas y empresas, sin reemplazar el rol que cumplen los notarios cuando la ley exige control de legalidad“.
También recalcó que la iniciativa sigue patrones internacionales utilizados en economías avanzadas y potencia la interoperabilidad de los documentos electrónicos, aspecto que consideran esencial para facilitar el comercio digital y avanzar en el reconocimiento mutuo de certificados de firma electrónica con otros países.
El gremio recordó, asimismo, que en Chile ya hay un precedente exitoso en esta materia mediante el Registro de Empresas y Sociedades (“Tu Empresa en un Día”), plataforma en la que actualmente alrededor del 92% de las nuevas empresas se constituyen utilizando firma electrónica avanzada.
En el ámbito económico, ACTI indicó que la modernización permitirá minimizar costos de transacción, agilizar procesos para las empresas y ampliar el acceso a servicios digitales, principalmente para las mipymes y quienes residen en regiones donde el acceso presencial es más difícil.
El gremio, junto con respaldar la idea de legislar, propuso perfeccionamientos al proyecto, incluyendo criterios mínimos para el reglamento de los títulos de crédito electrónicos, mayores estándares de interoperabilidad entre los prestadores acreditados, mecanismos de trazabilidad para los endosos digitales y medidas que favorezcan una implementación gradual y accesible para empresas y ciudadanos.
Desde ACTI sostienen que la reforma es un paso relevante para modernizar la infraestructura jurídica que soporta la economía digital y avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro y competitivo para el desarrollo de los negocios en nuestro país.
