En junio de 2025, un incidente de ciberseguridad paralizó al Instituto de Salud Pública, dejando fuera certificados sanitarios que afectan hasta los trámites de Aduanas. En septiembre del mismo año, un ataque de ransomware afecta a la Subsecretaría de Prevención del Delito, obligando a desconectar computadores y aplicar un apagón informático de días. En febrero de 2026, el embajador de Estados Unidos alerta directamente al Ministro de Seguridad sobre los ciberataques.
Anteriormente, en octubre de 2023, el ransomware Rorschach tumbó a una de las grandes empresas de servicios, afectando a más de 3.500 organizaciones y generando pérdidas por $1.910 millones. Un mes antes, otra empresa de servicios cayó y con ella el portal Mercado Público, mientras que en 2022 el turno fue del SERNAC, el Poder Judicial y el Estado Mayor Conjunto.
Según Check Point Research, Latinoamérica es hoy la región más afectada por ciberataques globalmente, con un promedio de 3.100 incidentes semanales por organización. Para ponerlo en perspectiva, Europa recibe 1.600 y Estados Unidos apenas 1.400. Las compañías chilenas enfrentan el doble de presión que sus pares en países desarrollados.
En el ámbito local, FortiGuard Labs registró más de 15 mil millones de intentos de ciberataques en Chile solo en el primer semestre de 2025. El país se ubica cuarto en América Latina y segundo en Sudamérica, solo detrás de Brasil, concentrando el 7% de todos los ataques regionales.
Pablo García, Cybersecurity Business Developer Manager LATAM en TIVIT, señala que “Chile lidera en la región en digitalización e IA, pero debe reforzar conceptos como seguridad por diseño en sus iniciativas. Los ciberdelincuentes encuentran atractivas tantas compañías con un crecimiento en tecnología pero con insuficientes controles de seguridad”.
Los blancos favoritos son telecomunicaciones (34% de los ataques), banca y servicios financieros (30%), con el ransomware representando el 38% de las amenazas. Un dato preocupante es que, según Sophos, el 56% de las empresas chilenas afectadas pagó rescates, con montos promedio de US$ 675.000. Los gobiernos locales llegaron a pagar hasta US$ 2,3 millones. Y pagar no garantiza nada, pues sobre el 80% de quienes pagan vuelven a ser atacados.
Como respuesta institucional, en enero de 2025 comenzó a operar la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y ya publicó la nómina de 915 Operadores de Importancia Vital: 147 empresas eléctricas, 29 de telecomunicaciones, 413 de servicios digitales, 34 del sector bancario y 114 prestadoras de salud. Estas organizaciones enfrentan ahora obligaciones reforzadas, con multas de hasta 40.000 UTM (aproximadamente US$ 3 millones) y la obligación de reportar incidentes en un plazo que no supere las tres horas.
Es así como ya no hablamos solo de ransomware, sino de actores estatales con objetivos geopolíticos, apuntando a energía, transporte, gobierno y telecomunicaciones. “La ANCI te da tres horas para reportar un incidente, pero si el ataque entra a las 3 de la mañana y no tienes monitoreo 24/7 ni respuesta automatizada, te vas a enterar recién al día siguiente. Para entonces, el daño ya está hecho”, añade Pablo García.
Mientras en Estados Unidos el 62% de los ataques de ransomware se concentran allá por el alto valor de sus objetivos, en Chile los atacantes encuentran alta digitalización con baja madurez de defensa, una combinación perfecta para el cibercrimen.
2026 no va a ser el año en que los ataques disminuyan. Va a ser el año en que cada directorio decida si su organización está preparada para operar bajo fuego o si prefiere esperar a ser el próximo nombre en la lista. La pregunta ya no es si te van a atacar, sino cuánto tiempo te tomará volver a levantarte.
