La instancia fue creada para apoyar al Ejecutivo en la puesta en marcha de la Ley 21.719, que moderniza el marco jurídico de la protección de datos en el país.
El informe presenta un diagnóstico crítico y una serie de recomendaciones para facilitar la adaptación del sector público y privado a las nuevas exigencias regulatorias. Entre los principales puntos, se advierte la necesidad de fortalecer la futura Agencia de Protección de Datos Personales, tanto en recursos humanos como presupuestarios, y se recomienda adelantar su instalación y la designación de su Consejo Directivo a más tardar en junio de 2026, con el fin de asegurar una implementación efectiva.
La Comisión estructuró su trabajo en cuatro informes técnicos que abordan el cronograma de instalación de la Agencia, los criterios para las transferencias internacionales de datos, una hoja de ruta para la aplicación de la ley en organismos públicos y recomendaciones para armonizar y consolidar el nuevo marco normativo. El objetivo es asegurar criterios comunes y una implementación progresiva y coherente en todo el Estado.
La nueva legislación alinea a Chile con estándares internacionales de protección de datos y privacidad, reforzando la confianza digital y el resguardo de derechos fundamentales. Desde el Gobierno se destacó que la protección de datos no solo cumple una función jurídica, sino que también es una condición para la modernización del Estado, el desarrollo económico y la calidad de la democracia, consolidándose como una política de largo plazo para el país.
