Con el propósito de medir el nivel de conocimiento, percepción y confianza de los usuarios respecto al uso de sus datos personales por parte de organismos públicos, la Alianza Chilena de Ciberseguridad y Cybertrust realizaron la primera Encuesta de Servicios Digitales.
El análisis reveló que la visión de los chilenos sobre el tratamiento que hace el Estado con sus datos personales es principalmente negativa. Un 42% considera que el Estado no respeta sus derechos de privacidad digital y un 45,6% cree que no cuenta con la capacidad técnica para proteger sus datos.
Asimismo, el informe arroja que solo 34,8% de los encuestados confía en que el Estado maneja sus datos personales de forma segura y apenas un 18,6% afirma sentir que tiene cierto control sobre sus datos en plataformas estatales. También existe desconocimiento sobre el fin que se da a la información y solo un 22,2% cree entender cómo se emplean sus datos al usar servicios digitales públicos.
“Estos números reflejan un problema estructural: la transformación digital no puede sostenerse sin confianza. Y la confianza no se construye únicamente con tecnología, sino con transparencia, gobernanza y una comunicación clara hacia los ciudadanos. En la práctica, el desafío del Estado no es solo proteger los datos, sino demostrar que lo hace. Esto implica avanzar en estándares robustos de ciberseguridad, pero también en mecanismos que permitan a las personas entender, gestionar y ejercer control sobre su información”, destaca José Antonio Lagos, socio principal de Cybertrust.
Otro resultado alarmante del estudio es que un 84% de los chilenos considera erróneamente que la Ley de Protección de Datos es aplicable solo a las empresas privadas. José Antonio Lagos indica que “esa percepción limita la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos frente al tratamiento de sus datos por parte del Estado. Esta confusión refleja la urgencia de avanzar no solo en marcos regulatorios, sino también en educación digital y transparencia institucional. Sin una ciudadanía informada, la protección de datos pierde efectividad práctica y la transformación digital pública se construye sobre una base frágil de desconocimiento y desconfianza”.
