“En los últimos días, la opinión pública quedó impactada tras conocerse la liberación de un sicario condenado, producto de un error judicial. El caso, más allá del escándalo mediático, puso en evidencia tanto las fortalezas como las debilidades del sistema judicial y penitenciario chileno. Desde una perspectiva técnico-institucional, es destacable que existiera trazabilidad en la cadena de comunicaciones: se pudo verificar que la documentación que recibió Gendarmería era auténtica y que siguió los protocolos formales. Esto habla de un estándar mínimo aceptable en ciberseguridad y control documental dentro del Estado, lo cual es positivo considerando los riesgos crecientes de suplantaciones o fraudes”, comenta Antonia Nudman, Asociada Senior del Grupo AZ Tech.
La profesional advierte que “sin embargo, el caso también revela una limitación estructural: Gendarmería funciona como un órgano ejecutor, jerarquizado y no deliberante, sin atribuciones para evaluar el contenido de las resoluciones judiciales que recibe. Su función no es cuestionar lo que dictan los tribunales, sino cumplirlo. El problema es que, cuando el error se origina en la resolución misma -como ocurrió en este caso- no existe una instancia intermedia que revise o valide la orden antes de que se ejecute. Lo que en tiempos de menor presión judicial podía parecer un diseño adecuado, hoy se transforma en una fragilidad sistémica”.
Nudman hace hincapié en la presión a la que se enfrenta el aparato judicial: “En los últimos años, el volumen de causas judiciales ha crecido sostenidamente. Según el Poder Judicial, solo en 2023 se ingresaron más de 3,3 millones de causas en todo el país. A ello se suma el incremento de casos de alta complejidad, muchos vinculados a crimen organizado, lo que eleva significativamente el riesgo de consecuencias graves ante un error. Nuestro sistema judicial, que fue diseñado para otras condiciones de contexto, se enfrenta hoy a exigencias para las que no está del todo preparado”.
“En este contexto, la tecnología no puede seguir viéndose como un complemento secundario. Tiene que integrarse como una herramienta estratégica del sistema de justicia. La inteligencia artificial, aplicada con criterios adecuados, no busca reemplazar el juicio humano, sino potenciarlo. Por ejemplo, podríamos contar con sistemas que generen alertas automáticas ante inconsistencias normativas, antecedentes críticos o datos contradictorios asociados a una persona que está por ser liberada”, sostiene.
La ejecutiva recalca que “en el caso reciente, el error se originó por una contradicción entre la resolución dictada en la audiencia de formalización -que imponía una medida cautelar- y la resolución posterior, que dejó dicha medida sin efecto. Si existiera un mecanismo de doble validación que, por protocolo, se activara automáticamente cuando el tipo penal corresponde a delitos de alta gravedad, ese cruce podría haber detenido el proceso a tiempo”.
La Asociada Senior del Grupo AZ Tech llama a potenciar tecnológicamente el sistema judicial chileno: “Ante este escenario, resulta urgente incorporar controles y reglas de verificación adicionales que no solo alerten sobre incongruencias, sino que obliguen a una segunda revisión humana cuando estén en juego decisiones de alto impacto. La tecnología está disponible; lo que falta es integrarla con criterio y responsabilidad”, finaliza.
