La tecnología se ha posicionado en la actualidad como un derecho esencial para ejercer la ciudadanía, acceder a educación, salud, empleo y servicios públicos. El problema radica en la existencia de brechas digitales estructurales en nuestro país, que amenaza la cohesión social y la igualdad de oportunidades, sostienen desde ACTI.
Pese a que Chile registra niveles globales de penetración de Internet similares a los de países desarrollados (con 94,5% de la población conectada a Internet a fines de 2025), existen aún más de 1,10 millones de personas que permanecen “offline” y sin acceso regular a redes digitales. Esto da cuenta que la conectividad aún no es universal ni equitativa, y refleja desigualdades geográficas, socioeconómicas y generacionales que necesitan atención urgente de políticas públicas y esfuerzos concertados de todos los actores sociales.
La desigualdad digital en Chile no se evalúa únicamente por la disponibilidad de Internet, sino también por el empleo efectivo y la calidad de esa conectividad, además de las habilidades digitales necesarias para integrarse adecuadamente en la economía actual basada en lo digital. Por ejemplo, la red de Internet fijo, fundamental para actividades como la educación en línea, la atención médica a distancia y el teletrabajo, llega solo a un poco más del 68% de los hogares, excluyendo a comunidades rurales y a grupos de bajos ingresos que dependen únicamente de conexiones móviles o que no cuentan con acceso constante.
Este fenómeno trasciende un mero reto para la tecnología. La cuestión central radica en que se trata de un asunto de justicia social y de derechos humanos. La carencia de una conectividad adecuada y de habilidades digitales sólidas restringe el acceso a oportunidades educativas, limita la participación en trabajos con mayor valor añadido y acentúa las desigualdades ya existentes. Las disparidades digitales impactan de manera desproporcionada a comunidades en áreas rurales, ancianos, personas de bajos recursos y estudiantes que tienen un acceso limitado a dispositivos y destrezas tecnológicas.
Desde ACTI indican que transitar hacia la equidad digital es una política pública ineludible que el país debe priorizar si quiere un desarrollo inclusivo y sostenible. Esto implica:
- Universalizar el acceso con calidad garantizada, mediante inversiones públicas y alianzas público-privadas que reduzcan las brechas territoriales en conectividad fija y móvil.
- Fortalecer programas de alfabetización digital para asegurar que todas las personas, independientemente de su edad o condición socioeconómica, puedan utilizar tecnologías de forma efectiva y segura.
- Incorporar la conectividad como un derecho fundamental, asegurando que la provisión de servicios digitales básicos y habilidades asociadas no queden al arbitrio del mercado, sino que sean parte del diseño de políticas sociales integrales.
No se puede seguir normalizando la desigualdad digital como si fuese una consecuencia natural del progreso tecnológico. El desafío es técnico, social, educativo y ético. Se necesita una visión de justicia social y voluntad política para garantizar que la tecnología deje de ser un privilegio y se transforme en una herramienta de igualdad real para todas y todos, concluyen desde ACTI.
