Hace algún tiempo, la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) nos invitó a trabajar en detalle sobre los conceptos que requiere nuestro país para transformarse en una plataforma de servicios para industrias internacionales. Ya en el 2005, la CPC había entregado una gama interesante de opciones y tareas para abordar, entre ellas la derogación del impuesto al software importado y a los gravámenes sobre los servicios tecnológicos.
Hemos apoyado esa propuesta, que hoy es uno de los proyectos de ley de Chile Compite, pese a la aparente contradicción con el interés de proteger a las empresas tecnológicas nacionales, pues entendemos que esta industria es muy abierta y competitiva. Lo que requerimos es integrar las mejores piezas y partes de software y hardware que se desarrollan en Chile y en el exterior para entregar un servicio de calidad a clientes locales o regionales.
ACTI ha criticado en dos focos el proyecto que reduce a 15% el impuesto al software. Primero respecto del monto, que sólo rebaja a la mitad el arancel y no lo elimina. Y segundo, respecto del alcance, pues el marco de incentivos para la competitividad y para hacer de Chile una plataforma de negocios debería derogar ese tipo de impuestos, para que lo que prime sea el valor agregado de cada producto y no una diferenciación por condiciones tributa-rias. Si no podemos ganar mercado sólo por nuestra calidad, mal vamos a poder ser un país competitivo como plataforma de servicios.
Un marco equilibrado
Tras revisar detenidamente el proyecto, nos hemos comunicado con el Ministerio de Hacienda y con el Parlamento para entregarles algunas observaciones sobre la Ley de Propiedad Intelectual y los conceptos que definen el software. Este último es un conjunto diverso de herramientas que permiten que los PCs, autos, celulares y una variedad importante de dispositivos tecnológicos operen, por lo tanto es muy difícil que un proyecto de ley pueda definirlos a todos, sin correr el riesgo de quedar obsoleto en el corto plazo. Aspiramos a un tratamiento más general e incentivador de la llegada de nuevas herramientas y metodologías, siempre y cuando éstas sean desarrollos estándares. Creemos que el proyecto de ley también pretende salvaguardar eventuales fraudes, pero nos complica, en parte, la interpretación que puede eventualmente generar espacios para mal uso, puesto que la forma en que este proyecto aborda la situación de empresas relacionadas con casas matrices internacionales no es la más apropiada. Tampoco nos gustaría que éste permita desarrollos a medida encubiertos, a través de las asesorías o de la venta de software empaquetados. Necesitamos un marco regulatorio que tenga el difícil equilibrio entre una buena definición actual y que permita adaptarse al futuro, que evite un problema de interpretación y desde luego los fraudes.
Los costos que evalúan los inversio-nistas extranjeros para establecerse en Chile, Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México es sólo uno de los aspectos, aunque quizás el más importante, y en ése no siempre estamos de lo mejor. Necesitamos destacar aspectos como la estabilidad política, seguridad del país, de acceso a los bancos y a la infraestructura -física y tecnológica-, esos son los reales problemas que nos interesa resolver para que Chile sea una plataforma eficaz de servicios y en particular de servicios tecnológicos. Así como en otros países se discuten los incentivos, aquí seguimos discutiendo sobre los impuestos, poniendo el foco donde no corresponde.
